Fricción por el Acuerdo de Paz: Gloria Cuartas pide a la Fiscalía investigar a De la Espriella por declaraciones contra ‘Timochenko’
La tensión política en torno a la transición de mando en Colombia sumó un nuevo capítulo judicial. Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La petición surge tras los reiterados pronunciamientos del próximo mandatario, quien aseguró que trabajará para enviar a prisión a Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), exjefe de las extintas Farc y actual presidente del partido Comunes.
A través de sus redes sociales, Cuartas cuestionó la legalidad del tono desafiante del mandatario electo, señalando que sus afirmaciones no solo ignoran una década de esfuerzos de paz, sino que ponen en riesgo la vida de los firmantes que se acogieron a la justicia transicional.
Advertencia por seguridad y blindaje constitucional
La funcionaria enfatizó que el Acuerdo de Paz de 2016 cuenta con un estatus especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, un detalle técnico que, según ella, la administración entrante no puede pasar por alto:
- Bloque de constitucionalidad: Cuartas recordó que lo pactado con la antigua guerrilla está protegido constitucionalmente, por lo que su cumplimiento es una obligación del Estado que trasciende al gobierno de turno. «Pida a sus asesores que le cuenten qué significa un Acuerdo de Paz que hace parte del bloque de constitucionalidad», sentenció.
- Riesgo para los reincorporados: Para la directora, la retórica del mandatario electo «estimula campañas de odio» y promueve la confrontación en los territorios, elevando el peligro para quienes dejaron las armas.
- Llamado a las cortes: Ante la gravedad de la situación, Cuartas solicitó a la Corte Constitucional activar de inmediato los mecanismos de protección especial diseñados para blindar el cumplimiento de lo pactado.
El origen de la disputa: reformas y cárcel
El choque verbal se desencadenó tras las últimas declaraciones de De la Espriella sobre su política de seguridad. El presidente electo ha sido un crítico severo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha insistido en que figuras como Londoño deben pagar penas de cárcel efectiva por sus crímenes del pasado.
Además del plano discursivo, De la Espriella anunció cambios drásticos en la arquitectura institucional del acuerdo una vez asuma el cargo el 7 de agosto. Su plan de austeridad incluye la supresión de la oficina del Alto Comisionado para la Paz bajo la premisa de que «no habrá procesos de falsa paz», así como el desmantelamiento de la Unidad de Implementación que hoy dirige Cuartas, cuyas funciones operativas serán absorbidas por el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad.
