INPEC deja al nuevo Gobierno un panorama crítico: cientos de hallazgos, hacinamiento y déficit de personal

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) será una de las entidades que recibirá mayores desafíos durante el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. Un balance de la Contraloría General de la República evidencia múltiples problemas administrativos, operativos y financieros que mantienen en crisis al sistema penitenciario del país.

Entre los principales hallazgos del organismo de control se encuentran 306 observaciones relacionadas con la gestión de la entidad, además de un índice de hacinamiento cercano al 27 % en los establecimientos carcelarios y un faltante de aproximadamente 12.000 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia.

El informe también advierte que las deficiencias afectan la capacidad del sistema para garantizar condiciones dignas de reclusión, mantener la seguridad en los centros penitenciarios y atender de manera adecuada a la población privada de la libertad. Estas dificultades se suman a problemas de infraestructura, retrasos en proyectos y limitaciones presupuestales que se han acumulado durante los últimos años.

La Contraloría señala que las debilidades identificadas comprometen el funcionamiento del sistema carcelario y exigen la implementación de medidas urgentes para mejorar la administración de los establecimientos, fortalecer la vigilancia y avanzar en la ejecución de obras pendientes.

Uno de los retos más complejos será reducir el hacinamiento en las cárceles, una problemática que continúa afectando la prestación de servicios básicos, la atención en salud y los procesos de resocialización de las personas privadas de la libertad.

A este panorama se suma la insuficiencia de personal de custodia. El déficit estimado de 12.000 guardianes representa una de las mayores preocupaciones para la seguridad de los centros penitenciarios, ya que limita la capacidad operativa del INPEC y aumenta la presión sobre los funcionarios que actualmente prestan el servicio.

Con este escenario, el nuevo Gobierno deberá definir estrategias para fortalecer el sistema penitenciario, corregir las observaciones realizadas por los organismos de control y garantizar mejores condiciones tanto para los internos como para el personal encargado de la vigilancia y administración de las cárceles del país.