Miedo, demoras y trámites complejos frenan el acceso de las mujeres a la justicia

Durante el primer semestre de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) brindó 64.860 atenciones jurídicas en Bogotá, cifra que representa un incremento del 13 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este acompañamiento especializado busca guiar a las víctimas a través de los vacíos institucionales y reducir los tiempos de respuesta estatal. Por esta razón, el equipo legal del Distrito orienta a las ciudadanas sobre las herramientas normativas para evitar la interrupción de sus causas judiciales. En consecuencia, la administración distrital refuerza los canales institucionales para derribar las trabas burocráticas que impiden una protección real.

Diversas barreras estructurales como el temor a represalias, la dependencia económica, la preocupación por los hijos y el desconocimiento de los derechos alejan a las mujeres de los estrados judiciales. Asimismo, la presencia de trámites extensos, el lenguaje técnico y la falta de articulación interinstitucional generan episodios de revictimización durante las denuncias. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que las demoras injustificadas en los despachos aumentan la distancia entre el marco legal vigente y la protección efectiva de las ciudadanas. Por este motivo, el apoyo legal continuo resulta determinante para garantizar el debido proceso.

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Las estadísticas del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) confirman que las medidas de protección concentran la mayor demanda de orientación legal con el 39,7 % de las consultas. De igual manera, la violencia intrafamiliar ocupa el 29,3 % de las solicitudes, seguida por reclamaciones de cuotas alimentarias con un 9,1 % y casos de violencia sexual con un 6,6 %. Por su parte, los trámites relativos a conciliaciones familiares y custodia de menores representan el 4,5 % y el 4,4 % de la atención brindada. Por consiguiente, las abogadas distritales asumen la representación técnica para dar seguimiento riguroso a las órdenes de protección expedidas.

Paralelamente, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer coordina acciones con el Ministerio de Justicia para fortalecer las comisarías de familia a nivel nacional. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación mantiene activos sus Puntos de Atención Especializada (PAVE) para agilizar la recepción de denuncias e investigar los delitos de género con celeridad. Asimismo, la Corte Constitucional reitera constantemente a las autoridades la obligación de aplicar un enfoque de género estricto al tramitar medidas cautelares. Por lo tanto, las instituciones públicas aúnan esfuerzos para garantizar espacios seguros durante todo el itinerario judicial.

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Finalmente, la Secretaría Distrital de la Mujer recuerda que la atención jurídica representó el 31 % de la totalidad de sus servicios integrales durante la primera mitad del año. Además, la entidad reitera que las mujeres pueden solicitar apoyo gratuito de forma presencial o comunicarse a la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137. De igual forma, las autoridades invitan a consultar los protocolos de la Ruta Única de Atención para activar la protección institucional de manera oportuna. En efecto, la orientación legal oportuna constituye una herramienta fundamental para salvar vidas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos.