Juliana Guerrero acepta responsabilidad por títulos falsos y llega a un preacuerdo con la Fiscalía
La exfuncionaria reconoció ante un juez que incurrió en fraude procesal al presentar diplomas que no correspondían a estudios realizados, con el propósito de cumplir los requisitos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes. El acuerdo contempla una reducción de la pena, una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Juliana Andrea Guerrero Jiménez reconoció este miércoles 9 de septiembre su responsabilidad en el caso relacionado con la presentación de títulos universitarios irregulares que utilizó para aspirar a un cargo dentro del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro.
La aceptación se produjo durante una audiencia ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, después de que Guerrero y la Fiscalía General de la Nación alcanzaran un preacuerdo para terminar anticipadamente el proceso judicial.
¿Qué reconoció Juliana Guerrero?
Durante la diligencia, Guerrero admitió haber cometido fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II, y presentar documentos académicos que le permitían aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad.
La Fiscalía sostiene que Guerrero cargó en el sistema dos diplomas que acreditaban una formación como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública, junto con sus respectivas actas de grado.
Según el ente investigador, los documentos habían sido expedidos por la Fundación Universitaria San José el 1 de julio de 2025, pese a que Guerrero no habría cumplido con los requisitos académicos necesarios para obtenerlos.
La Fiscalía estableció que Guerrero no había completado el plan de estudios, no registraba la asistencia requerida a clases y tampoco había presentado las pruebas Saber correspondientes, elementos que fueron determinantes dentro de la investigación.
De no aceptar los cargos a reconocer su responsabilidad
El caso tuvo un giro importante. En marzo de 2026, cuando la Fiscalía realizó la imputación, Guerrero no aceptó los cargos que se le atribuyeron por los hechos relacionados con los títulos.
Posteriormente, el proceso avanzó hasta una etapa en la que la Fiscalía tenía previsto llevarla a juicio. Sin embargo, las partes iniciaron conversaciones que terminaron en un preacuerdo.
El acuerdo finalmente fue presentado ante el juez este 9 de septiembre y Guerrero reconoció expresamente que utilizó los documentos para actualizar su hoja de vida y quedar habilitada para aspirar al cargo de viceministra.
¿Qué beneficio obtuvo con el preacuerdo?
Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la reducción de la pena.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la sanción acordada contempla una pena de tres años de prisión, resultado de una reducción del 50 por ciento, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y medio.
Al tratarse de una pena que estaría dentro del rango que permite mecanismos sustitutivos, Guerrero no tendría que cumplir la condena en un establecimiento carcelario, de acuerdo con la información conocida sobre el preacuerdo.
No obstante, el acuerdo debe surtir el control judicial correspondiente antes de que quede plenamente en firme.
El juez le explicó las consecuencias
Durante la audiencia, el juez le preguntó a Guerrero si comprendía que aceptar los cargos implicaba asumir una condena y una inhabilidad para ejercer funciones públicas.
También verificó que conociera su derecho a acudir a un juicio, presentar pruebas y llamar testigos, y que al aceptar el preacuerdo renunciaba a esas posibilidades procesales.
Guerrero manifestó que tomó la decisión de manera libre y consciente, sin presiones y con conocimiento de las consecuencias jurídicas.
Las disculpas públicas de Juliana Guerrero
Como parte de su intervención, la exfuncionaria reconoció públicamente su responsabilidad y expresó arrepentimiento por lo ocurrido.
Guerrero manifestó que se equivocó y pidió perdón al país, a su familia, a las personas que confiaron en ella y a la comunidad educativa de la Fundación Universitaria San José.
También aseguró que asumir las consecuencias de sus actos hacía parte de su decisión de responder ante la justicia y sostuvo que espera que el episodio no defina el resto de su vida.
¿Cómo comenzó el escándalo?
La controversia se originó en 2025, cuando el nombre de Juliana Guerrero apareció como posible candidata para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes.
Su hoja de vida generó cuestionamientos debido a que inicialmente no cumplía con los requisitos académicos exigidos para el cargo. Posteriormente apareció una nueva versión en la que figuraba un título profesional en Contaduría Pública y una tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
Las dudas aumentaron cuando se conoció que Guerrero no habría presentado las pruebas Saber exigidas para la obtención de los títulos y que tampoco existían registros académicos que respaldaran que hubiera cumplido con los programas de formación.
La situación terminó frenando su llegada al Viceministerio de las Juventudes y dio paso a las investigaciones judiciales.
La Fiscalía también investiga la expedición de los diplomas
El expediente no solamente involucra a Guerrero.
La Fiscalía también investigó a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José y quien habría participado en la expedición y validación de los documentos académicos.
Según la Fiscalía, Gutiérrez habría certificado que Guerrero cumplía con los requisitos para obtener los títulos, pese a que los registros académicos no respaldaban esa afirmación. Por estos hechos enfrenta un proceso por falsedad ideológica en documento público.
El caso vuelve a poner la lupa sobre los cargos públicos
La aceptación de responsabilidad de Guerrero cierra una etapa importante de uno de los escándalos que generó mayor controversia alrededor de los nombramientos durante el Gobierno Petro.
El caso no solamente puso en discusión la autenticidad y legalidad de los títulos utilizados para acceder a un cargo público, sino que también abrió interrogantes sobre los mecanismos de verificación de las hojas de vida de quienes llegan a ocupar posiciones dentro del Estado.
Ahora, con la aceptación de responsabilidad, el proceso contra Guerrero entra en su fase definitiva y queda pendiente la decisión judicial sobre el preacuerdo y la correspondiente sentencia.
Las claves del caso
- Delito reconocido: fraude procesal.
- Motivo: utilización de documentos académicos irregulares para aspirar a un cargo público.
- Cargo al que aspiraba: viceministra de las Juventudes.
- Entidad involucrada: entonces Ministerio de la Igualdad.
- Sistema donde fueron cargados los documentos: SIGEP II.
- Pena acordada: tres años de prisión, según lo expuesto en audiencia.
- Multa: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Inhabilidad para ejercer cargos públicos: dos años y medio.
- Situación: Guerrero aceptó responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía; corresponde al juez ejercer el control judicial del acuerdo.
