Entre el cambio social y el desgaste institucional
El juicio sobre un gobierno no puede construirse desde la militancia política ni desde la indignación. El verdadero balance exige ponderar los avances sociales, su contexto económico y el costo institucional que pudo implicar alcanzarlos.
En Colombia los balances gubernamentales suelen convertirse en un ejercicio de propaganda. Para unos, el gobierno de Gustavo Petro representa la transformación social más importante de las últimas décadas; para otros, constituye el mayor fracaso institucional de la historia reciente. Ambas posiciones contienen elementos de verdad, pero también simplificaciones que impiden comprender la dimensión real del fenómeno.
Es innegable que durante este período se registraron avances en algunos indicadores sociales. La pobreza monetaria y el desempleo descendieron respecto a los años posteriores a la pandemia; la reforma agraria aceleró procesos de adjudicación de tierras; la gratuidad universitaria se amplió y la deforestación mostró reducciones importantes en determinados períodos. Sería intelectualmente deshonesto desconocer esos resultados.
No obstante, esos indicadores no pueden analizarse aislados del contexto. Colombia recibió un mundo que comenzaba a recuperarse del impacto económico de la pandemia, mientras la inflación internacional iniciaba una tendencia descendente y los mercados laborales recuperaban parte del empleo perdido. El reto consiste en determinar qué parte de esos resultados obedece a decisiones del Gobierno y cuál corresponde al comportamiento normal del ciclo económico internacional.
La discusión se vuelve más compleja cuando el análisis incorpora variables institucionales. Un Estado de bienestar difícilmente puede sostenerse sobre instituciones debilitadas. La incertidumbre regulatoria redujo la inversión en sectores estratégicos, particularmente en industria y energía, mientras el deterioro fiscal reabrió debates sobre la sostenibilidad del gasto público.
Especial preocupación generan dos áreas sensibles. La primera corresponde al sistema de salud. Las intervenciones estatales sobre varias EPS no lograron revertir sus dificultades financieras, mientras que aumentaron las quejas ciudadanas por acceso a medicamentos y oportunidad en la atención. Incluso voces que apoyaron inicialmente la reforma, como la exministra Carolina Corcho, advirtieron tempranamente sobre el denominado «chuchuchú»: un conjunto de decisiones administrativas que anticipaban el deterioro progresivo del sistema antes de cualquier reforma estructural.
La segunda es la seguridad. El incremento salarial y las mejoras en la alimentación de los soldados constituyen medidas positivas. Pero ese reconocimiento pierde fuerza cuando simultáneamente se denuncian profundas afectaciones a la estructura de mando, la salida masiva de generales, cuestionamientos sobre la conducción estratégica y graves denuncias relacionadas con la presunta filtración de información de inteligencia militar hacia organizaciones criminales, hechos que deberán ser plenamente esclarecidos por las autoridades competentes.
A ello se suman los grandes escándalos de corrupción que acompañaron el cuatrienio, las controversias alrededor de nombramientos diplomáticos y administrativos, así como las tensiones permanentes entre el Ejecutivo y diversos organismos de control y de equilibrio institucional.
El verdadero legado de este gobierno no dependerá únicamente de las cifras con las que termine su mandato. La pregunta decisiva será otra: ¿las transformaciones sociales logradas fortalecieron la República o comprometieron la capacidad institucional del Estado para sostenerlas en el tiempo?
