Policías y militares en Colombia: el costo humano de enfrentar la violencia
En medio de nuevos ataques contra uniformados en Norte de Santander y Meta, las cifras oficiales muestran que policías y militares continúan enfrentando riesgos graves durante sus labores. La situación reabre el debate sobre seguridad, capacidad operativa y protección de quienes integran la Fuerza Pública.
Dos policías fueron asesinados el 25 de septiembre de 2026 en Ábrego, Norte de Santander, mientras se movilizaban en un vehículo institucional para cumplir labores de vigilancia y prevención. Las víctimas fueron identificadas como el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar Brayan Stiven Lizarazo Torres, de 19 años. Según los primeros reportes, fueron atacados con armas de fuego y las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer quiénes fueron los responsables.
El caso ocurre en un contexto de violencia que también ha golpeado a las Fuerzas Militares. El 21 de septiembre, tres soldados profesionales —Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez— murieron tras la activación de un área preparada con explosivos en zona rural de La Macarena, Meta. El Ejército informó que otros cuatro uniformados resultaron heridos y señaló de manera preliminar a una estructura disidente como posible responsable.
Los hechos recientes muestran que el riesgo no se concentra únicamente en operaciones de combate. Policías realizan patrullajes, vigilancia, prevención, atención a comunidades y actividades de acercamiento ciudadano en territorios donde existen estructuras armadas y organizaciones criminales. En el caso de Ábrego, los uniformados asesinados se dirigían precisamente a una actividad preventiva en un colegio, según información entregada por las autoridades. El intendente Rodríguez llevaba 20 años en la institución, mientras que Lizarazo tenía 19 años.
Las cifras oficiales permiten dimensionar el problema, aunque deben interpretarse teniendo en cuenta la fecha de corte. Un reporte del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa registra 173 integrantes de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio durante 2025. Para enero-marzo de 2026 reportaba 25 casos, frente a 40 en el mismo periodo de 2025, una reducción del 38 % en ese corte. El propio Ministerio advierte que las cifras son preliminares y pueden variar.
Después de los ataques recientes, las autoridades han anunciado investigaciones y despliegues operativos para identificar a los responsables. En Ábrego, la Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de los dos policías. Más allá de cada operativo, los hechos ponen sobre la mesa un desafío permanente: proteger a quienes cumplen funciones de seguridad, mejorar las capacidades institucionales en las zonas de mayor riesgo y garantizar que las investigaciones permitan establecer responsabilidades. La información disponible sobre varios de estos ataques sigue siendo preliminar, por lo que la identificación de los autores debe esperar los resultados de las autoridades competentes.
