El fútbol profesional colombiano podría enfrentar una crisis institucional tras una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que recomendó sancionar a la Dimayor y a 17 de sus directivos por presuntas prácticas anticompetitivas que habrían restringido la libre movilidad de los jugadores.
En un informe de más de 350 páginas, la SIC señala que expresidentes como Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo, así como el actual presidente Carlos Mario Zuluaga, habrían participado en acuerdos para vetar a futbolistas que no renovaban con sus clubes. Se menciona incluso la existencia de listas negras y coordinación de bloqueos entre dirigentes.
La denuncia fue impulsada por Acolfutpro desde 2011 y respalda su acusación con mensajes del grupo “G-36”, conformado por 46 directivos, donde se solicitaba explícitamente no contratar a ciertos jugadores.
La SIC concluyó que estas acciones favorecían los intereses de los clubes, pero afectaban seriamente los derechos laborales de los futbolistas y distorsionaban la competencia.
La superintendente Cielo Rusinque deberá decidir ahora si impone sanciones a equipos como Tolima, Envigado, Once Caldas, Pasto y Unión Magdalena, y a figuras como José Augusto Cadena, por emitir circulares de veto.
