A contrarreloj: Demanda respaldada por más de un millón de ciudadanos busca frenar la posesión de Abelardo de la Espriella

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A escasas horas de que se lleve a cabo el acto oficial de transmisión de mando, una nueva ofensiva judicial ante el Consejo de Estado intenta suspender de manera urgente la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

La acción de nulidad, que ha cobrado especial relevancia política por estar coadyuvada por 1.124.526 firmas ciudadanas, denuncia presuntas y graves irregularidades durante el escrutinio de la segunda vuelta presidencial, poniendo la lupa particularmente sobre la votación consolidada en el exterior.

Los argumentos: Alteración y falsedad en los datos

El documento presentado ante el alto tribunal cuestiona duramente el manejo del recaudo electoral por parte de las autoridades competentes. Entre los cargos formulados se advierten irregularidades como desviación de poder, falsa motivación, consignación de datos contrarios a la verdad y alteración física y digital de los documentos electorales.

Ante este panorama, la demanda exige medidas drásticas e inmediatas:

  1. Medida cautelar de extrema urgencia: Decretar la suspensión provisional del acto de posesión del nuevo mandatario y su vicepresidente.
  2. Depuración del cómputo: La exclusión definitiva del conteo electoral de aproximadamente 614.000 votos que, según la parte demandante, estarían viciados.
  3. Nuevo escrutinio: Que sea el propio Consejo de Estado quien asuma y practique un reconteo general de los sufragios cuestionados.

¿Quién lidera la iniciativa?

Detrás de esta colosal demanda no figura un partido político tradicional, sino una voz proveniente de la academia. La acción fue interpuesta por Sonia Ordóñez Salinas, una profesional con un robusto perfil técnico: es estadística, ingeniera de sistemas, y cuenta con una maestría y un doctorado en ingeniería de sistemas otorgados por la Universidad Nacional de Colombia.

Actualmente, Ordóñez Salinas se desempeña como docente e investigadora de planta en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde además dirige el grupo de investigación Gesdatos, lo que aporta un enfoque matemático y científico a los reclamos sobre las presuntas anomalías en los comicios.