Espinal denuncia uso político del sistema penitenciario
Bogotá D.C., 30 de octubre de 2025.
El Representante a la Cámara Juan Espinal interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones del INPEC que autorizaron el traslado de varios cabecillas criminales desde la cárcel La Paz de Itagüí hacia la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, para participar en un evento político liderado por el presidente Gustavo Petro.
El congresista sostuvo que dichas resoluciones, expedidas los días 19 y 20 de junio, carecen de fundamento jurídico y violan la Ley 65 de 1993 y la Ley 906 de 2004, al permitir traslados con fines ajenos a los establecidos en la normativa penitenciaria.
Señala a Zuleta y advierte vulneración de la legalidad
Según la demanda, la solicitud del traslado habría sido presentada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien actuó como “Coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana”, figura inexistente en la legislación colombiana. Espinal subraya que esta actuación “no está contemplada en el ordenamiento jurídico ni entre los sujetos facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad”.
Durante el evento del 21 de junio, los internos intervinieron públicamente con discursos políticos y críticas a autoridades locales, situación que —según el congresista— evidencia el carácter político y mediático de la actuación del INPEC.
Espinal advirtió que las decisiones del instituto vulneran principios esenciales del Estado de Derecho, como la separación de poderes, la reserva judicial y el principio de legalidad. “El sistema penitenciario no puede ser instrumentalizado con fines políticos. El INPEC debe mantener su naturaleza técnica y jurídica, sin interferencias externas”, afirmó.
Acción judicial para proteger la institucionalidad
La acción presentada por Espinal busca restablecer el orden jurídico y reafirmar la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas. Además, pretende evitar que se repitan actuaciones que comprometan la institucionalidad penitenciaria del país y la confianza ciudadana en el sistema judicial.
El caso ya está en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si las resoluciones del INPEC se ajustaron o no a los límites legales y constitucionales.
