LaLiga llevará a los tribunales la resolución del CSD que favorece al Barcelona en el ‘Caso Olmo’
LaLiga ha comunicado oficialmente que presentará una impugnación ante la justicia ordinaria contra la resolución emitida por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la cual beneficia al FC Barcelona en el denominado ‘Caso Olmo’. Este caso gira en torno a la renovación de las licencias federativas de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor, quienes fueron inscritos por el club culé pese a que, según la interpretación de LaLiga, sus licencias caducaron automáticamente el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el organismo presidido por Javier Tebas, la Comisión de Seguimiento del Convenio RFEF-LaLiga actuó de forma legal y dentro de sus atribuciones al señalar que no se podía proceder a la tramitación de nuevas licencias para los jugadores mencionados. LaLiga insiste en que el reglamento vigente no contempla la renovación automática ni excepcional en este tipo de casos, por lo que cualquier intento de reactivación o ampliación sería contrario a la normativa.
Asimismo, LaLiga ha cuestionado con firmeza la autoridad del CSD para intervenir en este asunto, argumentando que dicho organismo no cuenta con las competencias legales para extender licencias de jugadores. Añaden que la resolución del Consejo ignora precedentes judiciales que invalidan decisiones adoptadas sin una competencia clara y expresa. Además, critican la demora en la resolución del recurso presentado por LaLiga, lo cual contrasta —según explican— con la celeridad con la que el CSD otorgó medidas cautelares al FC Barcelona en favor de sus intereses.
Para LaLiga, este proceder afecta directamente los principios de igualdad, transparencia y legalidad dentro del campeonato profesional. Por ello, ha reiterado su determinación de defender lo que consideran una infracción grave del reglamento y han asegurado que utilizarán todas las herramientas legales disponibles para impugnar la resolución del CSD. La disputa promete continuar en los tribunales ordinarios y podría sentar un precedente significativo para futuras decisiones regulatorias en el fútbol español.
