SARCASTICA RETRACTACIÓN
Por Mauricio Fernando Muñoz Mazuera
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, consagra el derecho a la rectificación en condiciones de equidad como un mecanismo destinado a proteger la honra, el buen nombre y la dignidad de las personas frente a informaciones inexactas o falsas. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado este principio hasta convertirlo en una verdadera herramienta de reparación moral, entendiendo que cuando la palabra causa daño, la misma palabra debe contribuir a repararlo. De allí surge también la figura de la retractación, especialmente cuando una autoridad judicial ordena corregir afirmaciones que han vulnerado derechos fundamentales.
Sin embargo, en la Colombia de las redes sociales y de los “sabios” de la ignorancia disfrazados de periodistas, la rectificación y la retractación se han convertido en protagonistas de una preocupante realidad. Nunca había sido tan fácil emitir una opinión, señalar, acusar, estigmatizar o condenar públicamente a una persona desde la comodidad de un teléfono celular. Se lanzan afirmaciones sin sustento, injurias disfrazadas de análisis, acusaciones revestidas de opinión y calificativos utilizados sin el más mínimo rigor, todo bajo la falsa premisa de que la libertad de expresión autoriza cualquier exceso. El resultado suele ser el mismo: reputaciones destruidas, derechos vulnerados y ciudadanos sometidos al escarnio público.
Lo más grave es que estas conductas no surgen únicamente del fanatismo político o ideológico. Muchas veces nacen también de la ignorancia sobre el significado de los conceptos que se utilizan, del oportunismo que busca aplausos fáciles y del populismo que convierte la desinformación en una herramienta de movilización. Se acusa de criminal, de corrupto, terrorista o de enemigo público sin prueba alguna, olvidando que en un estado social de derecho las etiquetas irresponsables pueden producir consecuencias reales. La estigmatización no es un simple exceso verbal; puede afectar proyectos de vida, destruir trayectorias profesionales e incluso poner en riesgo la integridad y la seguridad de las personas.
Pero existe algo todavía más preocupante: cuando la rectificación o la retractación ordenada por la justicia termina convertida en un nuevo acto de agresión. En lugar de asumir el error y reparar el daño causado, algunos optan por la ironía, el sarcasmo o la burla. Cumplen formalmente la orden judicial, pero vacían de contenido su finalidad constitucional. Lo que debía ser un acto de reparación se transforma en una forma de revictimización. Lo que debía restaurar derechos termina profundizando la ofensa.
Tal vez ha llegado el momento de que el legislativo y las altas cortes revisen con mayor profundidad el verdadero alcance de estas figuras. Porque rectificar no puede ser simplemente leer unas palabras impuestas por un juez, ni retractarse puede reducirse a una puesta en escena destinada a ridiculizar a quien obtuvo la protección judicial. Si la finalidad constitucional es reparar el daño causado, entonces la reparación debe ser real y efectiva. De lo contrario, la rectificación y la retractación terminarán siendo apenas un trámite vacío, una ficción jurídica más en un país que, lamentablemente, ya tiene demasiadas razones para sentirse burlado y defraudado.
