Territorios sin control, Colombia atraviesa una de las peores crisis de inseguridad en su historia. Las cifras de violencia han alcanzado niveles alarmantes, con el país sumido en un constante deterioro de la seguridad tanto en las áreas rurales como en las principales ciudades. Lo que antes parecía ser un fenómeno focalizado en territorios controlados por actores armados, hoy es un problema que se ha extendido hasta las grandes capitales, afectando gravemente la calidad de vida de los colombianos. El aumento de la violencia urbana es palpable. La presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua, junto con los grupos nacionales que controlan actividades ilícitas como la extorsión y el microtráfico, ha creado un ambiente de caos y terror.
Estas organizaciones criminales libran sangrientas batallas por el dominio de los territorios, aprovechando la falta de control del Estado y desafiando abiertamente a las autoridades. El gobierno, que prometía una paz integral, se encuentra ante un reto monumental que, hasta el momento, no ha sabido manejar de manera efectiva. El reciente ataque perpetrado por dos bandas criminales al cai de María Paz en Bogotá es un claro ejemplo del poder y la capacidad destructiva de estos grupos. La facilidad con la que acceden a armas de alto calibre y municiones pone en evidencia el nivel de organización y la estrategia violenta con la que buscan tomar las ciudades “a sangre y fuego”.
El balance de la gestión de Petro en términos de seguridad es negativo. No solo ha sido incapaz de frenar el avance de estas estructuras criminales, sino que su estrategia de “Paz Total” parece haberles brindado una oportunidad para fortalecerse. La incapacidad del Estado para contener esta ola de violencia también ha puesto en la mira a algunos mandatarios locales, quienes, pese a los esfuerzos, han fallado en implementar políticas de seguridad efectivas. Hoy, los colombianos se enfrentan a un escenario donde salir a las calles de las grandes ciudades se ha convertido en un riesgo, mientras en las zonas rurales el control de los grupos armados es absoluto. La violencia no discrimina; se ha normalizado en un país que parece haber perdido el rumbo en la lucha contra el crimen. No se trata solo de números o estadísticas; se trata de vidas humanas, de la estabilidad del país y del futuro de una nación que, a pesar de sus múltiples conflictos, siempre ha buscado la paz. Pero esta no puede ser alcanzada si el Estado no recupera el control de sus territorios.
