Abogado de Miguel Uribe Turbay denuncia omisión de la UNP en su protección
El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay sigue generando tensiones entre su familia, su abogado y el partido Centro Democrático con el Gobierno Nacional.
Acusan a la UNP de negligencia
Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay, afirmó que se realizaron más de 23 solicitudes formales para reforzar su seguridad. Según el jurista, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no respondió a estas peticiones, a pesar de que Uribe Turbay era precandidato presidencial desde octubre de 2024.
El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025, mientras el senador lideraba una reunión política en el barrio El Golfito, en Engativá, Bogotá. Ese día, afirman sus cercanos, el esquema de seguridad era insuficiente.
Denuncian penalmente al director de la UNP
La familia del senador, a través de su abogado, denunció penalmente a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por omisión. Argumentan que hubo múltiples advertencias sobre riesgos de seguridad que no fueron atendidas.
También señalan que el día del atentado Miguel Uribe estaba protegido únicamente por tres personas. Dos de ellos eran policías. En algunos momentos, solo lo acompañaba una escolta.
La UNP reconoce descoordinación
Augusto Rodríguez admitió que hubo una descoordinación en el esquema de seguridad. Sin embargo, defendió que los protocolos establecidos por la entidad se cumplieron en términos de equipos, vehículos y municiones.
Rodríguez explicó que varios miembros del equipo de seguridad estaban descansando o asignados a la protección de la familia del senador.
Investigaciones en curso
La UNP aseguró que coopera con las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría. Según Rodríguez, también se inició una revisión interna para esclarecer lo sucedido.
La familia de Miguel Uribe Turbay insiste en que hubo omisiones graves. Reclaman que, al tratarse de un precandidato presidencial, se requería un refuerzo urgente en su seguridad.
El caso sigue generando polémica nacional y presión sobre el Gobierno por presuntas fallas en la protección de líderes políticos.
