Indignación por uso indebido de recursos públicos en obra privada de Francia Márquez
El uso indebido de recursos públicos vuelve al centro del debate político, esta vez por una obra privada en la residencia de Francia Márquez en Cali.
Camioneta oficial transportó materiales de construcción
La polémica comenzó cuando el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que una camioneta asignada al esquema de seguridad de la vicepresidenta fue usada para transportar materiales de construcción.
En redes sociales, Briceño compartió imágenes del vehículo cargado con bultos y estructuras para una garita de vigilancia privada. El hecho desató cuestionamientos sobre el manejo de bienes oficiales.
Vicepresidencia admite el uso del vehículo
Ante la denuncia, la Vicepresidencia emitió un comunicado reconociendo que el vehículo fue utilizado en la obra. Indicaron que Márquez ordenó la construcción de una garita con baño en su casa con recursos propios.
La entidad explicó que un miembro del esquema de seguridad decidió trasladar los materiales “para mejorar las condiciones de quienes protegen a la funcionaria”.
La UNP, responsable del parque automotor
El comunicado aclaró que la responsabilidad logística del parque automotor recae en la Unidad Nacional de Protección (UNP), no directamente en la Vicepresidencia.
La coordinación de los vehículos está a cargo de funcionarios de la UNP, quienes habrían autorizado el uso del automotor en este contexto.
Oposición habla de peculado
Briceño respondió que la propia Vicepresidencia confirmó su denuncia. “Esto es peculado y abuso”, escribió en su cuenta de X. Señaló que no se puede justificar el uso indebido de recursos públicos con argumentos de seguridad.
Márquez recordó que fue víctima de un atentado en 2022 cerca de su residencia. Por ello, considera prioritario reforzar su seguridad personal.
Debate abierto sobre los límites del poder
El caso ha generado un intenso debate sobre el límite entre la seguridad de los funcionarios y el uso apropiado de los bienes del Estado.
Sectores de oposición insisten en que se debe investigar a fondo si se violaron normas de administración pública.
