Informe de inteligencia alerta sobre el crecimiento del Clan del Golfo durante el proceso de paz total

images

Un informe elaborado por organismos de inteligencia encendió las alarmas sobre el fortalecimiento y la expansión territorial del Clan del Golfo mientras avanzaban los diálogos con el Gobierno en el marco de la política de paz total.

El documento, sustentado en interceptaciones, reportes reservados y testimonios de fuentes humanas, señala que la organización criminal habría aprovechado el escenario de negociación para extender su presencia en varias regiones del país, consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico y fortalecer alianzas con estructuras armadas locales.

Entre los elementos analizados aparecen conversaciones atribuidas a integrantes del grupo ilegal, en las que se haría referencia a las negociaciones adelantadas en Catar y a la manera en que estas habrían sido utilizadas para ganar tiempo, reorganizar sus estructuras y ampliar su influencia en distintos departamentos.

Según el informe, el Clan del Golfo incrementó su capacidad operativa mediante el reclutamiento de nuevos integrantes, la absorción de bandas regionales y el control de economías ilícitas, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Estas acciones habrían permitido a la organización aumentar su presencia en municipios considerados estratégicos.

Las autoridades también advierten que la estructura criminal reforzó sus redes de inteligencia, contrató sicarios para ejecutar homicidios selectivos y consolidó mecanismos de vigilancia sobre la Fuerza Pública y las comunidades donde mantiene influencia.

El documento sostiene que, pese a los acercamientos con el Gobierno, la organización no habría detenido sus actividades ilegales ni reducido su capacidad militar. Por el contrario, durante ese periodo habría fortalecido su control territorial y su poder económico.

Los hallazgos se conocen en medio del debate sobre los resultados de la política de paz total y tras las recientes decisiones del Gobierno frente al futuro de los diálogos con el Clan del Golfo, luego de considerar que no existieron las condiciones suficientes para avanzar hacia un proceso efectivo de sometimiento a la justicia.