Juez falla contra Federico Gutiérrez por cancelar un evento académico en Medellín.
Un juzgado de Medellín ordenó al alcalde Federico Gutiérrez emitir una retractación pública luego de determinar que la cancelación de la presentación del libro El M-19: De la guerra a la política constituyó un acto de censura y vulneró derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información.
La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por ciudadanos y organizadores del evento, que estaba programado para realizarse en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
El juez concluyó que no hubo pruebas de proselitismo político
La Alcaldía justificó la suspensión del evento argumentando que el lanzamiento del libro podía interpretarse como una actividad de carácter político en medio del calendario electoral. Sin embargo, el despacho judicial concluyó que no existían pruebas que demostraran que el conversatorio promoviera una campaña política o favoreciera a algún candidato.
En el fallo se señala que la decisión de cancelar el encuentro fue desproporcionada y terminó afectando derechos como la libertad de expresión, la participación política y el acceso a espacios de debate académico y cultural.
La Alcaldía deberá reconocer la vulneración de derechos
Como medida de reparación, el juez ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Biblioteca Pública Piloto publicar un comunicado oficial reconociendo que la suspensión del evento vulneró derechos fundamentales de los organizadores, el autor del libro, los panelistas y la editorial responsable de la publicación.
Además, la administración municipal deberá reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y la prohibición de la censura en escenarios culturales y académicos.
El evento se realizó pese a la cancelación oficial
Aunque la orden de suspensión fue emitida horas antes del lanzamiento, los asistentes decidieron llevar a cabo la presentación del libro en la Biblioteca Pública Piloto. La actividad se desarrolló sin el apoyo logístico de la Alcaldía y con presencia de autoridades en el lugar.
El juez precisó que el hecho de que el conversatorio finalmente se realizara no elimina la vulneración de derechos, ya que la actuación de la administración alteró el desarrollo normal de la actividad y limitó el ejercicio de libertades constitucionales.
El caso reabre el debate sobre la libertad de expresión
La decisión judicial generó nuevas discusiones sobre el papel de las autoridades frente a eventos culturales que abordan temas relacionados con la historia del conflicto armado en Colombia.
Mientras sectores académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos respaldaron el fallo como una garantía para la libertad de pensamiento, la administración de Federico Gutiérrez ha sostenido que la suspensión respondió a su interpretación de las normas electorales y a la protección de la memoria de las víctimas del conflicto.
