Tres menores murieron tras bombardeo contra disidencias en Guaviare

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Medicina Legal confirmó que tres menores de edad murieron tras un bombardeo contra disidencias de las FARC en zona rural de Guaviare.

Medicina Legal confirma que, entre los cuerpos recibidos tras los ataques a las disidencias de Calarcá, hay menores de edad

Tres menores han muerto en el bombardeo que ordenó el presidente Abelardo de la Espriella en el departamento de Guaviare. Medicina Legal ha confirmado que ya identificaron nueve de los diez cuerpos de las personas que murieron en el operativo: cuatro de ellos son mujeres, cinco son hombres y tres son menores de edad de 15 y 16 años. La misma entidad ha confirmado que otro menor de edad murió en el primer operativo en la subregión del Catatumbo.

Los cuerpos fueron trasladados a laboratorios forenses de Medicina Legal en Florencia (Caquetá) Villavicencio (Meta). El cuerpo restante, el décimo, sigue en proceso de análisis forense debido a su estado. Según el instituto forense, los fallecidos pertenecían al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las FARC liderada por Calarcá Córdoba, y el operativo —bautizado “Operación Amón”— se ejecutó el jueves 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare.

El presidente De la Espriella defendió la operación a través de su cuenta de X, señalando que la responsabilidad por la presencia de menores en el combate recae en los grupos armados que los reclutan. El Ministerio de Defensa, por su parte, expresó su rechazo por el uso de menores en estructuras ilegales, aunque sostuvo que el operativo cumplió con los estándares legales para ataques aéreos.

Es la segunda operación de bombardeo autorizada por el mandatario en las primeras tres semanas de gobierno. En el operativo participaron once aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y se incautó armamento, incluyendo fusiles y ametralladoras. Sin embargo, en estas tres semanas, el Gobierno de ultraderecha ya ha ejecutado tres operaciones de bombardeos. La última ocurrió en la noche de este domingo, 30 de agosto, en el mismo departamento, en contra de las disidencias de Iván Mordisco del Estado Mayor Central (EMC).

Vivamos Humanos, una organización de derechos humanos emitió un pronunciamiento sobre la operación, y subrayó que la sola presencia de niños, niñas, niños y adolescentes en un campamento no constituye automáticamente una infracción al DIH, pero recordó que en caso de duda sobre su edad o condición, las fuerzas militares deben abstenerse de atacar, sopesando la ventaja militar frente al posible daño a la población civil.

La organización insistió en que el Estado tiene la obligación de aplicar una “doble cautela” cuando hay menores en un objetivo militar, y que el principio de precaución exige tomar todas las medidas posibles para evitar sus muertes. Save The Children se sumó al mensaje y explicó que “un niño, niña o adolescente reclutado no deja de ser víctima por serlo: su posible presencia debe preverse antes de cualquier operación militar en la inteligencia y la planeación, no constatarse después en los balances forenses”.

La bancada del Pacto Histórico, los congresistas de la izquierda, han rechazado el operativo. Una de ellas es Ana Erazo, representante del Valle del Cauca, quien ha hecho un llamado en sus redes sociales para una movilización social. “Desde ya hacemos un llamado al movimiento social, a las organizaciones populares y a quienes defendemos la vida y los derechos humanos a organizarnos y movilizarnos pacíficamente. No podemos normalizar que las operaciones del Estado terminen con niñas, niños y adolescentes muertos”.

La crítica de los legisladores progresistas llega a pesar de que Gustavo Petro también ordebó bombardeos en varios campamentos en el país con presencia de menores de edad. Uno de los más polémicos ocurrió en noviembre pasado, también en Guaviare, y dejó siete víctimas también menores de edad, de entre 12 y 15 años. Uno de los niños heridos y desaparecidos por el operativo era Luis Carlos Abarca Vilches, de 10 años.

El diario El Tiempo ha revelado que en el primer bombardeo del Gobierno, ejecutado en la subregión del Catatumbo el pasado 11 de agosto y en el que hubo civiles inocentes heridos, también hubo una víctima menor de edad. El periódico reseña que tiene 16 años, aunque tampoco se entregan más detalles.